Ciudad de México. Con la entrada en vigor de una reforma constitucional clave, el gobierno federal pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, estableciendo límites estrictos a las jubilaciones en el sector público.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica el artículo 127 de la Constitución para reforzar el principio de austeridad en el servicio público. A partir de ahora, ningún funcionario podrá percibir ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico.
La nueva disposición permite excepciones únicamente en casos específicos, como el desempeño de múltiples funciones, trabajos técnicos especializados o condiciones laborales particulares. Sin embargo, incluso bajo estos supuestos, la suma total de percepciones no podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
Ajuste a pensiones vigentes
Uno de los aspectos más relevantes es que la medida impacta no solo a futuras jubilaciones, sino también a las ya existentes. Todas aquellas pensiones que no estén dentro de las excepciones deberán ajustarse al nuevo límite.
No obstante, el decreto introduce un elemento clave: los haberes de retiro otorgados bajo el marco constitucional anterior se mantendrán en los términos en que fueron reconocidos, lo que podría generar interpretaciones legales sobre su aplicación real.
¿Quiénes quedan fuera?
El decreto establece exclusiones importantes:
- Elementos de las Fuerzas Armadas
- Pensiones derivadas de aportaciones voluntarias (cuentas individuales)
- Sistemas de ahorro complementario financiados por sindicatos
Asimismo, las aportaciones del Estado a sistemas de retiro en estados y municipios también deberán apegarse a los nuevos límites.
Cambios legales en 90 días
El Congreso de la Unión y los congresos locales tendrán un plazo máximo de 90 días naturales para armonizar sus leyes con esta reforma, lo que anticipa ajustes en legislaciones secundarias en todo el país.
Sin impacto adicional al presupuesto
El gobierno federal precisó que los costos derivados de la implementación serán cubiertos con los recursos ya asignados, sin necesidad de ampliar el gasto público.
El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, consolidando una de las principales apuestas de la actual administración en materia de austeridad y control del gasto.
