Por Salvador Valadez C.
El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamental del Gobierno del Estado, Jorge Luis Beas Gámez reveló que al inicio de la administración se encontraron irregularidades en expedientes para el otorgamiento de 48 patentes y 26 FIATS en notarias públicas, por lo que en su momento se declaró su nulidad, y se investigan 41 notarías por quejas presentadas por ciudadanos.
Recordó que al inicio de la administración en el 2022 se analizaron las patentes y FAITS que se habían otorgado en el sexenio anterior, se analizaron los que se entregaron en los últimos dos meses de la administración pasada y fueron 48 patentes y 26 FIATS advirtiendo muchas ilegalidades, se encontraron expedientes que no tenían los requisitos necesarios lo que generó que en 2023 se llevaran acuerdos de nulidad tanto de patentes como de FIAT.
Expuso que la dirección de notarias es la receptora de las quejas que pueden presentar personas interesadas en los protocolos, ciudadanos inconformes por alguna deficiencia, lo que hace la dirección al admitir la queja, darle tramite y continuar con la investigación, esto genera que personal abra la investigación de las notarías denunciadas que en este caso son 41 que se han iniciado a través de visitas ordinarias donde lo que se tiene como objetivo es saber cual es el estado actual de cada una de esas notarias.
Después de la investigación procede el desahogo de pruebas, los notarios involucrados en las quejas tienen el derecho a dar su opinión y hasta ahora no habido resolución de las 41 quejas sobre igual número de notarias,
Aseguró que la dirección de notarías tiene la facultad de dar vista a la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas, inclusive tenemos conocimiento de que la Fiscalía tiene integradas algunas carpetas de investigación vinculadas con algunas actuaciones de los notarios, pero son denuncias presentadas directamente por los afectados.
Recalcó que la Secretaría General de Gobierno tiene la facultad exclusiva de iniciar procedimientos administrativos en donde se les hace del conocimiento a los notarios la existencia de alguna cuestión ilícita y se les da la oportunidad de comparecer a hacer valer sus derechos, a ofrecer pruebas que desvirtúen la ilegalidad y en su oportunidad se emitir la resolución o se emiten en los procedimientos la resolución que corresponda.
Si el notario demuestra que la ilegalidad no existió se establece que no procedió la cancelación de la patente, el gobernador ha sido claro y directo, en que el gobierno del Estado debe ser garante de la función notarial. Los ciudadanos tienen el derecho y nosotros como gobierno la obligación para garantizar que la función notarial, que es de orden público, se preste por personas capaces, honestas y preparadas en su función.
