Esta semana dejaron el cargo las magistradas y magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, con ello, se cierra un ciclo de nepotismo, de impunidad y de un poder que le quedó a deber justicia a la gente; mientras a otros les dieron impunidad, dejaron una deuda pendiente con la ciudadanía.
La Corte despachó justicia por “encargo”; la procedencia de los asuntos no respondió al derecho, sino a los intereses que se movían detrás. Y sin recato alguno, lo intentaron hasta el último minuto antes de dejar el cargo. Ahí está el caso del magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, quien propuso anular la elección de las y los nuevos ministros que integrarán el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su proyecto fue desechado y, contra toda resistencia de la oposición a reconocer esta elección histórica, el lunes 1 de septiembre de 2025 entrarán en funciones las y los nuevos ministros de la SCJN.
Este magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, es el mismo que quiso echar abajo la elección de Tamaulipas y el triunfo del gobernador Américo Villarreal Anaya. Su trayectoria e ideología política, identificada con el Partido Acción Nacional (PAN), se remontan al sexenio de Felipe Calderón; sus nexos con ese grupo panista se reflejaron en sus decisiones como magistrado del tribunal electoral.
Por su parte, la ministra Norma Piña, que en su desempeño como presidenta de este poder nunca ocultó su rechazo al gobierno de Morena, dejó claro que no se trataba solo de falta de cercanía con AMLO, sino de un marcado rechazo hacia él.
La ministra Norma Piña dijo en su último discurso: “La historia nos juzgará a quienes juzgamos”, omitiendo que fueron reprobados en las urnas. La ciudadanía votó por otras y otros juzgadores; es decir, el pueblo de México ya los juzgó y pasarán a la historia como parte de una época desacreditada, marcada por moches y alianzas con políticos corruptos.
A 13 días de que tomen posesión las nuevas magistradas y magistrados de la Corte, así como las y los jueces federales en todo el país, inicia un poder electo por la ciudadanía, les guste o no a quienes siempre se opusieron a la reforma judicial. Llegan las y los votados, sobre quienes la gente tiene la expectativa de que asuman la responsabilidad de impartir justicia y de cerrar ciclos de impunidad, demostrando en los hechos que la transformación del sistema judicial es una realidad.
A la vuelta de la esquina está este cambio histórico, que hace apenas unos años parecía impensable. Pero además deberán atender las “torres” de expedientes pendientes: reducir el rezago de casos y combatir la impunidad que favoreció a exfuncionarios y exgobernadores, quienes saquearon recursos públicos bajo la protección de los jueces anteriores. Cumplir estas demandas ciudadanas no solo será un desafío, sino también una prueba de confiabilidad ante el pueblo.
Ahora que los rostros de las y los juzgadores serán visibles para la ciudadanía, podrán ser reconocidos en la boleta electoral. Esto hará más claro que el voto es una herramienta para exigir cuentas; si no cumplen con su deber, la gente tendrá la posibilidad de relevarlos en la siguiente elección judicial, tal como en el pasado ocurrió con el PRI y el PAN, que fueron sacados del poder en las urnas, por el hartazgo ciudadano a causa de la corrupción.
