El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha quedado bajo arresto domiciliario este lunes por orden del juez Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF), en el marco de la causa que lo vincula con un presunto intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023.
La medida endurece las restricciones impuestas el pasado 18 de julio, cuando el juez determinó colocarle una tobillera electrónica, al considerar que existía riesgo de fuga. Desde entonces, Bolsonaro tenía permitido circular durante el día, pero debía permanecer en su residencia por las noches, evitar todo contacto con diplomáticos extranjeros y, especialmente, abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales. Según el fallo, el expresidente violó esta última condición.
“Jair Messias Bolsonaro elaboró material para redes sociales, manteniendo mensajes ilícitos pese a las medidas cautelares”, escribió de Moraes. “Su participación encubierta demuestra una conducta sostenida para obstruir la justicia y coaccionar a esta Corte, en abierto desacato a las restricciones previas.”
El juez también señaló que aliados políticos y familiares de Bolsonaro, incluidos sus hijos, usaron su imagen y declaraciones —incluso por teléfono— para instigar manifestaciones, atacar al Supremo Tribunal y presionar a las instituciones. Uno de los episodios que motivaron la nueva medida ocurrió el domingo anterior, cuando Bolsonaro intervino por videoconferencia en una manifestación en su apoyo desde Río de Janeiro, donde participó su hijo, el senador Flavio Bolsonaro.
Ahora, el exmandatario tiene prohibido recibir visitas —salvo sus abogados o personas expresamente autorizadas por el Supremo— y no podrá utilizar teléfonos móviles. Moraes advirtió que cualquier nuevo incumplimiento derivará en la revocación del arresto domiciliario y su conversión en prisión preventiva inmediata.
Una acusación de alto calibre
Bolsonaro enfrenta cargos por encabezar una conspiración golpista destinada a impedir que Lula asumiera el poder tras su victoria electoral de 2022. De acuerdo con la acusación, el plan incluía la eliminación física de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin, y del propio juez Moraes. El intento fracasó cuando las Fuerzas Armadas se negaron a respaldarlo, aunque derivó en el asalto a las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el 8 de enero de 2023.
Repercusiones internacionales
El juicio al exmilitar ha generado atención global, especialmente en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, calificó el proceso como una “caza de brujas” y respondió con medidas comerciales: aranceles del 50% a productos brasileños, el mayor castigo económico impuesto hasta ahora en su política exterior.
Por otro lado, el juez Moraes también ha sido blanco de represalias. La Casa Blanca le retiró el visado y aplicó en su contra la Ley Magnitsky, una herramienta legal estadounidense usada contra violadores de derechos humanos.
Lula capitaliza la tensión
Paradójicamente, la ofensiva comercial de Washington ha fortalecido políticamente a Lula, quien ha logrado canalizar el descontento nacionalista a su favor. El viernes, Trump pareció abrir una puerta al diálogo al declarar: “Puede llamarme cuando quiera. Yo amo al pueblo de Brasil”. Lula respondió con diplomacia: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo”. Aunque la llamada aún no se concreta, el arresto de Bolsonaro complica cualquier acercamiento inmediato.
